En México no se procura sino se posterga Justicia.
Impunidad es la realidad que reproducen los Ministerios Públicos (MP) en el país, delegando conceptos de prontitud, expedites y gratuidad para convertirlos en corrupción e inacción de su parte.
El
MP es sin duda la institución mas disfuncional que existe en este país, a
través de el se niega la posibilidad de la justicia y por ende de la seguridad
de los ciudadanos. A pesar de su sustento constitucional, es decir de la
importancia que tiene dentro de nuestro
sistema legal, encontramos solo un conjunto de oficinas, papeles y
personal no capacitado, corrupto que
convierte en disfuncional la institución. Toda esa burocracia se teje como barrera para
acceder a la justicia y cada día raya ya
en lo insólito.
Ministerio Publico de Tenancingo, Estado de México. |
Personal
completamente ignorante de lo que la ley les obliga y les permite usan su
posición para generar impunidad. No
importa que delito, que por ley estén
obligados a perseguir, lo único que hacen es procurar arreglos so pretexto de
carga de trabajo, de no existir delito o bien de recibir dinero siempre por la
parte responsable.
El
MP es un órgano que precede el Procurador General, en el ámbito federal le
corresponde al Presidente su designación y en el local a los Gobernadores, que se encarga de perseguir los delitos y
ejercer acción penal. Es decir basta la denuncia, la querella o la acusación de
un delito para que el MP inicie una investigación para que sea juzgado ante el poder judicial.
Ministerio Publico de Ocuilan, Estado de México |
La
simple tarea de investigar a través de las procuradurías de justicia cualquier ilícito
del que tengan conocimiento les es imposible. Siempre se conducen bajo pretextos, negación e
incluso intimidación para quien acude a su auxilio. Con ello se generan distintas consecuencias
que agravan la situación de seguridad de este país.
La
primera es impunidad que conlleva a violencia, es decir la comisión de más
delitos frente a la necesidad de lograr justicia, puesto que si la autoridad
competente no cumple entonces los ciudadanos deben tomar la fuerza en sus manos.
Esto sucedió en el caso del médico Mireles quien encabezo en Michoacán un movimiento
armado, de autodefensa ciudadana, que el gobierno local y federal reconoció y además
se sumó, para después declarar su
ilegalidad.
La
segunda es inseguridad que conlleva a la ilegitimidad del gobierno y de las
leyes, los ciudadanos no confían en las instituciones que se encargan de
procurar justicia, puesto que hartos de la impunidad, de la no acción de los
ministerios públicos, deciden tomar por su propia mano lo que por ley les es negado.
No hay credibilidad en la ley, puesto que esta se resume a la inacción del
poder judicial, que a su vez le resta coercibilidad y respeto. Los ciudadanos no le ven sentido en acudir a denunciar si la
respuesta siempre es la misma. Ministerios públicos del Estado de México, de
Morelos, del Distrito Federal, Guerrero, Chiapas son ejemplos claros de corrupción,
intimidación y tráfico de influencias.
La ley se convierte en letra muerta frente a
la injusticia, nada importa cuando se cobran vidas por la falta de acciones de
quienes están obligados a procurarla. Todo el presupuesto que se destina al
Poder Judicial se resume en perdida
puesto que ni siquiera por eso cumplen con su trabajo.
Si
el delito es noticioso, atrae cámaras y la atención de miles, probablemente
entonces se aborde conforme a la ley. Hoy 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero son víctimas de la inseguridad, la impunidad y la
violencia que desencadena el mismo Estado Mexicano. Por supuesto que los policías
municipales coludidos con los Ministerios públicos han generado estas acciones
contra la misma población.
¿Qué
pretexto usará Enrique Peña Nieto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
los legisladores? Probablemente justifiquen
este hecho tan atroz ligando a esos jóvenes a actividades ilícitas o le den el crédito
al narcotráfico sin reconocer que es el mismo Estado quien ha cometido y
permitido esa matanza.
¿Ahora
si podrá el Ministerio Publico ejercer acción penal? O les dirán a las familias una vez más que no existe delito, que lleguen a un
acuerdo, que no se sabe quién es el responsable y por lo tanto no se puede
hacer nada, que el delito ya se consumió, que ellos no pueden hacer nada, que
los policías no encontraron pruebas suficientes, que fueron los narcos, que los
jóvenes normalistas están metidos en cosas turbias, ¿Cuál será esta vez la justificación?
Sin
duda en México no hay justicia, no existe seguridad y menos un gobierno capaz
de asumir su responsabilidad, seguimos inmersos en el juego de un Estado que
culpa al narcotráfico, hasta de sus
propios errores y delitos, con el único pretexto
de que así son las cosas.
Todo
el Poder judicial es sin duda disfuncional y un lastre para este país, incluido
los ministerios públicos quienes son los primeros en violar la ley y adecuarla
a su arbitrio, nadie imparte justicia en este país. Los miles de delitos que se cometen a diario
quedan impunes con la única posibilidad de cobrar justicia por propia mano.
¿Queremos
un país seguro y justo? Entonces comencemos por castigar a los agentes del
ministerio Público que hoy dirigen la institución más corrupta del país.
Luis García Mendoza.
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